La lucha contra la pobreza, el fin de las violaciones de derechos humanos y el respeto al medio ambiente deben ser una prioridad del Gobierno
Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam presentan un decálogo ante el Congreso
(c) Intermón Oxfam
La lucha contra la evasión fiscal debe ser una prioridad ineludible, más efectiva que los recortes o la subida de impuestos”
“Es tiempo de abrir un debate y adoptar medidas que deberían llevarnos hacia un futuro mejor, sostenible y esperanzador. Con las actuales políticas emprendidas por el gobierno vamos camino de conseguir un país más pobre, más injusto y más inestable”, afirman Esteban Beltrán, Mario Rodríguez y José María Vera (directores de Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam respectivamente) en una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los grupos parlamentarios en vísperas del debate del Estado de la Nación, que se celebrará los próximos días 20 y 21 de febrero de 2013.
Las tres organizaciones han elaborado un decálogo de medidas urgentes contra la crisis, en el que piden un cambio de rumbo con respecto a las políticas emprendidas por el gobierno. Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam exigen mayor protección de los derechos de las personas, priorizando a los colectivos más vulnerables; una reorientación del modelo energético para favorecer la creación de empleo y la sostenibilidad; y un cambio en la política fiscal y económica que contribuya a crear una sociedad más equitativa y justa.
El “mantra” de la austeridad ha significado mayor desprotección para las personas que pertenecen a colectivos más vulnerables, como inmigrantes en situación administrativa irregular o personas con menos recursos; y, dentro de estos, las mujeres.
Entre otras causas, las medidas adoptadas por el gobierno han provocado que casi dos millones de familias españolas no tengan ningún ingreso y que una de cada cuatro viva en la pobreza o en condiciones de exclusión social.
Entre otras causas, las medidas adoptadas por el gobierno han provocado que casi dos millones de familias españolas no tengan ningún ingreso y que una de cada cuatro viva en la pobreza o en condiciones de exclusión social.
Al mismo tiempo, se ha violado el derecho internacional adoptando medidas regresivas en el ámbito del acceso al derecho a la salud, se ha mermado la calidad de la educación debilitando el sector público de la misma y se ha producido una enorme degradación del medio ambiente.
“Es imperativo combatir la desigualdad con un modelo más justo y equitativo, que permita recaudar con justicia, blindar las políticas sociales y fortalecer la democracia con transparencia. Es inaudito que, mientras se piden sacrificios más allá de lo posible a las familias, el 85% de las empresas del Ibex 35 tengan presencia en paraísos fiscales y que la evasión fiscal alcance los 90.000 millones de euros. La lucha contra la evasión fiscal debe ser una prioridad ineludible, más efectiva que los recortes o la subida de impuestos”, afirma José María Vera.
La carta abierta que hacen pública las organizaciones pide que no haya más violaciones de derechos humanos. Para ello, debe modificarse el Real Decreto Ley 16/2012 que limita el acceso a personas migrantes en situación administrativa irregular al derecho a la salud, suspenderse de manera inmediata los desalojos forzosos y una legislación que los prohíba expresamente, tal y como reconocen las normas internacionales ratificadas por España.
“Las autoridades deben adoptar medidas urgentes que pongan freno a la indefensión que sufren cientos de miles de personas. Deben paralizarse los desalojos forzosos hasta que las personas afectadas no cuenten con recursos judiciales efectivos que les permitan defender sus derechos. Además, es fundamental que se reconozca el derecho a una vivienda adecuada, como lo que es, un derecho humano. Igualmente, no es admisible que algunas personas que se han manifestado pacíficamente hayan sido objeto de un uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, ni que estos abusos permanezcan ocultos bajo un manto de impunidad sin que se investigue ni se castigue a los culpables” , asegura Esteban Beltrán.
Un modelo energético basado 100% en las renovables daría mejores servicios, más empleo y acabaría con la dependencia energética y las emisiones de CO2, ahorrando más de 200.000 millones de euros al año. Por ello, el decálogo de medidas presentado por las ONG pide al presidente -y a los grupos políticos con representación parlamentaria- un cambio en el actual modelo energético, dominado por las grandes empresas, que agrava la crisis no sólo por la importación de combustibles, sino por sus efectos sobre el cambio climático o el riesgo nuclear.
“No se puede utilizar esta crisis como excusa para destruir el medio ambiente. La gestión sostenible de los recursos naturales y la apuesta por energías renovables no es un gasto sino una inversión, que podría generar miles de empleos a la vez que evitamos dejar una deuda a las generaciones futuras en términos de cambio climático, contaminación o pérdida de biodiversidad”, ha declarado Mario Rodríguez.
La carta abierta recuerda también la necesidad de luchar contra la pobreza como una obligación para cumplir con nuestros compromisos internacionales y que ha sido ampliamente respaldada por la ciudadanía, pero cuya financiación ha sufrido recortes de un 70% de su presupuesto en los dos últimos años y del 90% en lo relativo a la ayuda humanitaria.
Por último, los directores de las ONG afirman que la época de crisis no puede ser una excusa para relajar los controles sobre el comercio de armas. En casos como el de la posible venta de carros de combate Leopard a Arabia Saudí -asunto del que trató el Ministro de Defensa, Pedro Moranés, en su reciente visita a Riad- deberían adoptarse todas las garantías necesarias de que no serán usados para cometer violaciones de derechos humanos. El oscuro historial de derechos humanos de Arabia Saudí despierta el temor de las organizaciones.
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